Un juzgado de Puerto Asís suspendió provisionalmente cualquier aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La decisión se produce mientras se estudia una tutela que advierte posibles riesgos para la salud, el agua, la biodiversidad y el ambiente.
El plan piloto del Gobierno para utilizar glufosinato de amonio en la erradicación aérea de cultivos de uso ilícito quedó temporalmente suspendido en Putumayo, luego de que un juez de Puerto Asís ordenara detener cualquier actividad de aspersión aérea con esta sustancia en el departamento.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, tras admitir una acción de tutela presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social.
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El recurso plantea posibles afectaciones a derechos relacionados con la salud, el acceso al agua, un ambiente sano y la protección de los ecosistemas.
La suspensión es provisional. El juzgado deberá estudiar el fondo de la tutela antes de determinar si las medidas cuestionadas pueden continuar o deben modificarse.
¿Qué pretendía hacer el Gobierno?
El Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó en agosto un plan piloto para evaluar el uso del glufosinato de amonio mediante aspersión aérea sobre cultivos de uso ilícito.
De acuerdo con la resolución que autorizó la prueba, se trataba de una fase experimental que debía ser controlada, limitada, temporal y evaluable.
El piloto contemplaba el uso de aeronaves tripuladas y una intervención de hasta 1.000 hectáreas, con una duración operacional de hasta siete días.
El propósito oficial no era iniciar inmediatamente un programa nacional de fumigación, sino obtener información sobre la eficacia del producto, la precisión de las aplicaciones, la posible deriva del herbicida y sus eventuales impactos sobre la salud y el medioambiente.
Sin embargo, antes de que la prueba pudiera desarrollarse en Putumayo, la justicia ordenó suspenderla temporalmente.
¿Por qué un juez suspendió la aspersión?
El argumento central de la acción judicial está relacionado con la necesidad de conocer con mayor precisión los posibles efectos de la operación.
La tutela cuestiona que el plan pueda ejecutarse sin que exista suficiente información pública sobre los estudios técnicos, mapas y evaluaciones utilizados para sustentar la intervención.
El juzgado consideró necesario aplicar una medida preventiva mientras recopila la información requerida y avanza el proceso judicial.
Según reportó Cambio, el despacho aclaró que la decisión no establece que ya esté probado un daño a la salud o al ambiente. La suspensión funciona como una medida de protección mientras se estudia el caso.
Este punto es importante: el juez no declaró ilegal de manera definitiva el uso del glufosinato ni canceló para siempre el plan nacional.
Por ahora, lo que existe es una suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea en Putumayo.
¿Qué es el glufosinato de amonio?
El glufosinato de amonio es un herbicida utilizado para controlar plantas no deseadas. Su posible utilización en Colombia como herramienta de erradicación aérea de cultivos de uso ilícito ha generado un nuevo debate ambiental y sanitario.
La sustancia es diferente del glifosato, aunque ambos son herbicidas y han estado relacionados con estrategias de control de cultivos ilícitos.
La discusión actual no se limita a determinar si el producto puede eliminar los cultivos de coca. También involucra preguntas sobre qué ocurre cuando la aplicación se realiza desde aeronaves y existe riesgo de dispersión del producto fuera del área objetivo.
Precisamente, el Gobierno planteó el piloto como una forma de recopilar evidencia sobre la precisión de las aplicaciones y la posible deriva del herbicida.
El ambiente está en el centro de la discusión
Putumayo es una región de enorme importancia ambiental por su riqueza hídrica, sus ecosistemas y su biodiversidad.
Por eso, una de las principales preocupaciones planteadas en la tutela está relacionada con la posibilidad de que una sustancia aplicada desde el aire pueda afectar zonas diferentes a aquellas donde se pretende intervenir.
La resolución del Gobierno establece restricciones para el desarrollo del piloto. Entre ellas están la exclusión de determinadas áreas protegidas, páramos, humedales, cuerpos de agua, centros poblados, escuelas y centros de salud.
Pero los cuestionamientos judiciales apuntan precisamente a la necesidad de determinar si las medidas previstas son suficientes para evitar impactos sobre el territorio y las comunidades.
Un debate que vuelve a poner a Colombia frente a la fumigación aérea
La decisión de Puerto Asís también reabre una discusión que Colombia conoce desde hace décadas: hasta dónde puede llegar el Estado en la utilización de herbicidas desde el aire para combatir los cultivos de uso ilícito.
La aspersión aérea con glifosato quedó suspendida en Colombia en 2017, después de años de controversia por sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente.
Desde entonces, el país ha recurrido principalmente a la erradicación manual y a otras estrategias para enfrentar los cultivos de coca.
El nuevo plan con glufosinato representa un intento de evaluar una alternativa, pero su implementación vuelve a encontrarse con cuestionamientos jurídicos y ambientales.
¿El Gobierno ya no podrá fumigar con glufosinato?
No necesariamente.
La decisión conocida en Putumayo es provisional y está relacionada con el proceso de tutela que estudia el juzgado.
Esto significa que no puede interpretarse como una prohibición definitiva de cualquier eventual uso del glufosinato en Colombia.
El Gobierno tendrá que responder a los cuestionamientos planteados dentro del proceso y entregar la información que el juzgado considere necesaria para evaluar la legalidad y los posibles impactos de la medida.
Mientras tanto, cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato en el territorio de Putumayo permanece suspendida por orden judicial.
¿Qué puede pasar ahora?
El siguiente paso estará en manos de la justicia.
El juzgado deberá analizar los argumentos de la tutela, la información técnica relacionada con el plan y las respuestas de las entidades involucradas.
A partir de ese proceso podría determinarse si la suspensión se mantiene, si se modifica o si finalmente se permite avanzar con determinadas condiciones.
Para Colombia, la discusión va más allá de una prueba de 1.000 hectáreas.
La pregunta de fondo es qué evidencia científica, controles ambientales y garantías para las comunidades deben existir antes de volver a utilizar la aspersión aérea como herramienta contra los cultivos de uso ilícito.
Por ahora, la justicia puso una pausa al piloto en Putumayo y dejó nuevamente sobre la mesa el debate entre la lucha contra los cultivos de coca y la protección de la salud, el agua y los ecosistemas
